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Karla Diaz
¿Qué es un abogado de oficio y quién debe pagarlo?
El Abogado penal Madrid es, por supuesto, el que elige libremente el ciudadano implicado en un proceso penal. Se establece así una relación de confianza entre ambos y, naturalmente, a cambio del servicio profesional recibido, el cliente se compromete a pagar al profesional.
Sin embargo, tras las reformas de los últimos años, ya no existe ningún sistema de tarifas, por lo que el abogado y el cliente son libres de acordar el precio del servicio profesional. Sólo cuando no haya acuerdo al respecto y se deje la cuantificación de los honorarios profesionales a la decisión de un juez, éste deberá determinarlos en base a unos baremos ministeriales que actualmente están recogidos en la Orden Ministerial nº 55/2014.
Sin embargo, si el abogado elegido está inscrito en la lista correspondiente y el cliente cumple los requisitos de ingresos necesarios, el abogado también puede defender a su cliente gratuitamente, es decir, a costa del Estado. En estos casos, el abogado elegido por el ciudadano no pobre es pagado directamente por el Estado.
El defensor del pueblo
Para entender bien el papel del abogado de oficio, hay que tener en cuenta que en el proceso penal la defensa técnica es obligatoria. Un ciudadano sospechoso o acusado de un delito no puede elegir si quiere o no tener un abogado, sino que está obligado a tenerlo.
Si el ciudadano no responde a la invitación de la autoridad judicial a contratar un abogado, la autoridad judicial designa un abogado de oficio, elegido de la lista de abogados que ejercen en el ámbito del derecho penal y que han manifestado su disposición a defenderse. En general, la mayoría de los abogados penalistas ejercen, de vez en cuando, como abogados de oficio o como defensores públicos. En cualquier caso, el cliente sigue siendo libre de recurrir a un abogado de su elección en cualquier momento, incluso después de la asignación del abogado de oficio.
El Abogado penal Madrid es, por supuesto, el que elige libremente el ciudadano implicado en un proceso penal. Se establece así una relación de confianza entre ambos y, naturalmente, a cambio del servicio profesional recibido, el cliente se compromete a pagar al profesional.
Sin embargo, tras las reformas de los últimos años, ya no existe ningún sistema de tarifas, por lo que el abogado y el cliente son libres de acordar el precio del servicio profesional. Sólo cuando no haya acuerdo al respecto y se deje la cuantificación de los honorarios profesionales a la decisión de un juez, éste deberá determinarlos en base a unos baremos ministeriales que actualmente están recogidos en la Orden Ministerial nº 55/2014.
Sin embargo, si el abogado elegido está inscrito en la lista correspondiente y el cliente cumple los requisitos de ingresos necesarios, el abogado también puede defender a su cliente gratuitamente, es decir, a costa del Estado. En estos casos, el abogado elegido por el ciudadano no pobre es pagado directamente por el Estado.
El defensor del pueblo
Para entender bien el papel del abogado de oficio, hay que tener en cuenta que en el proceso penal la defensa técnica es obligatoria. Un ciudadano sospechoso o acusado de un delito no puede elegir si quiere o no tener un abogado, sino que está obligado a tenerlo.
Si el ciudadano no responde a la invitación de la autoridad judicial a contratar un abogado, la autoridad judicial designa un abogado de oficio, elegido de la lista de abogados que ejercen en el ámbito del derecho penal y que han manifestado su disposición a defenderse. En general, la mayoría de los abogados penalistas ejercen, de vez en cuando, como abogados de oficio o como defensores públicos. En cualquier caso, el cliente sigue siendo libre de recurrir a un abogado de su elección en cualquier momento, incluso después de la asignación del abogado de oficio.
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